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Aunque la doctrina del vínculo, emanada del Tribunal Supremo, sigue en vigor, lo cierto es que la Ley de Sociedades de Capital diferencia claramente entre la retribución de los administradores por su condición de tales (la mera pertenencia al órgano y el desarrollo de las funciones indelegables del mismo) de otras funciones distintas prestadas por el consejero o administrador por las que podrá percibir una remuneración. Del mismo modo, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando trata las retribuciones de los administradores (art. 15) o cuando hace referencia a las operaciones vinculadas (art. 18), diferencia las percepciones que una misma persona puede recibir en contraprestación de sus funciones como administrador o consejero de otras de carácter ejecutivo (en el caso de consejero delegado) o laboral (tanto en el caso de administración simple como compleja cuando los administradores prestan además servicios a la sociedad distintos  de los propios del cargo).

En consecuencia, aunque desde uno de enero de 2015 se continúe aplicando la conocida teoría del vínculo, con sus eventuales efectos en materia de jurisdicción en caso cese de la relación (sólo existe una única relación mercantil), desde la perspectiva fiscal es posible acreditar que esa única relación se puede retribuir hasta por tres conceptos distintos y ello con independencia del régimen de cotización.

En primer lugar la retribución como administrador, por sus funciones como tal (indelegables) que deberá estar prevista en los Estatutos (reserva cualitativa, que no cuantitativa ex art. 217 LSC) y aprobada por la Junta General (en cuanto a su cuantía) para evitar el riesgo de que sea considerada una liberalidad y por tanto un gasto fiscalmente no deducible. Esta retribución no tendrá el tratamiento de operación vinculada y tributará en sede del socio persona física como rendimiento del trabajo estando sujeta al tipo fijo de retención.

En segundo lugar, la retribución del consejero delegado o ejecutivo (en caso de consejo de administración), que deberá constar en el oportuno contrato aprobado por el Consejo (art. 249 LSC), especificando las funciones específicas que se van a desarrollar. También tendrá el tratamiento de rendimiento del trabajo en el consejero

Y en tercer lugar, la retribución del que, siendo consejero o administrador (único, solidario o mancomunado), presta además otros servicios , por acuerdo de la Junta General en el caso de sociedades limitadas (art. 220 LSC), o mediante un contrato suscrito por el representante legal de la sociedad en otro caso, que tendrá, desde la perspectiva fiscal el carácter de “laboral”.

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